El STJ anuló una sanción del Tribunal de Cuentas a ex-funcionaria de la gestión Hernández

El martes 22 del corriente se emitió el fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia en el reclamo realizado por la ex – funcionaria de la gestión municipal de Gabriel Hernández, contadora María Luisa Capello, contra la sanción que le aplicara el Tribunal de Cuentas de la Provincia, por la omisión de practicar la rendición de cuentas correspondiente al último año de aquella gestión.

La demandante habia promovido su demanda en función de tres argumentos diferentes: por el primero consideraba que el Tribunal de Cuentas se había excedido en el plazo de juzgamiento, por el segundo, invocaba razones de fuerza mayor en tanto por la actitud del Sindicato de trabajadores municipales (SITRAMF) que ocupó las instalaciones del Municipio y destruyó diversos registros durante el último año de gestión de Hernández, no se pudo reunir la documentación necesaria para realizar la rendición de cuentas respectiva, lo que motivó la declaración de emergencia administrativa por parte del Ejecutivo Municipal de aquel entonces y finalmente, se amparó en el secuestro de documentación que se realizara en el marco de una investigación judicial que tramitaba por ante el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3.

La demandada contestó a través de Fiscalía de Estado, negando todos los argumentos planteados por la actora, aunque no profundizó en la fuerza mayor alegada.

Municipio tomado

El STJ, luego de sustanciado el proceso y presentadas las pruebas, falló por unanimidad  a favor de la contadora Capello, y si bien rechazó el planteo de prescripción administrativa, sostuvo la procedencia de la fuerza mayor invocada,  que ni siquiera fue considerada por el Tribunal de Cuentas, al momento de promoverse el recurso de reconsideración contra la sanción aplicada. Señala la sentencia del STJ que  nada dice el Acuerdo que estamos analizado  sobre la concreta situación de fuerza mayor generada por la ocupación de las dependencias municipales y la declaración de emergencia administrativa que se decretara por el titular del Ejecutivo Municipal en aquel entonces, pese  a que esos argumentos, formaron parte del recurso de reposición que se planteara contra la sancion aplicada.

Que un elemento de prueba de insoslayable valoración, aportado por la contadora Capello, fue la Resolución 359/03 dictada por la juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, cuando decide hacer lugar a la medida autosatisfactiva interpuesta por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa y en consecuencia ordenar al SITRAMF (Sindicato de Trabajadores Municipales de Formosa) y/o cualquier persona que se encuentre ocupando ilegalmente las instalaciones de la Municipalidad, a desalojarlas en el plazo que allí se indica – desalojo que tampoco se cumplió en el término indicado -  y  se sustentaba en pruebas documentales aportadas a la causa y en la propia inspección realizada por la magistrada a cargo del caso, quien pudo comprobar la efectiva toma de los distintos edificios municipales, lo cual impedía el acceso de funcionarios y trabajadores, la realización de tareas administrativas e incluso el cobro de Tasas  a los usuarios, actitud sindical que trajo “una paralización de las actividades propias de la Municipalidad” .

Pese a la contundencia de la decisión judicial, emanada de quien tenía competencia para dictarla, el Tribunal de Cuentas hizo caso omiso a la misma como si no existiera, no haciéndose cargo tampoco el organismo de contralor, de la denuncia de incumplimiento a aquella orden de desalojo judicial que impedía el acceso a documentacion esencial para la rendicion de cuentas.-  Tampoco se hizo mérito del Decreto municipal N° 803/02 que declaró la emergencia administrativa en la Municipalidad de la ciudad de Formosa  acto que, por  ser naturaleza administrativa, también esta alcanzado por la presunción de legitimidad, situación derivada de la violenta toma de edificios públicos con directa incidencia en la tramitación normal de las actuaciones administrativas, extremo que también contribuye a probar el cúmulo de publicaciones periodísticas de la época, que permiten reconstruir, el caos interno que tenía en los años 2002 y 2003 la Municipalidad de la Ciudad de Formosa-  Elementos de prueba sobre los que tampoco dijo nada sustancial la representacion letrada de la Provincia. Se produjo asi, una situación de fuerza mayor,  que no mereció tratamiento alguno por el órgano de contralor y está amparada por la legislacion vigente.

Concluye el STJ que la omisión, por parte del Honorable Tribunal de Cuentas del tratamiento de la causa de fuerza mayor invocada, sustentada en sendos actos administrativos y un pronunciamiento judicial firme, constituye una causal de nulidad del acto, en tanto para su dictado se han omitido argumentos defensivos esenciales, cuya inobservancia vulnera la garantía consagrada en el Artículo 18 de la Constitución Nacional.- Las costas del proceso fueron aplicadas a la Provincia de Formosa, perdedora en el pleito.

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